La regulación de la Unión Europea ha experimentado un cambio significativo desde la instauración de la primera normativa sobre reutilización de información del sector público en 2003. La Estrategia Europea de Datos, aprobada en 2020, ha ampliado este enfoque regulatorio desde dos perspectivas clave.
En primer lugar, se promueven modelos de gobernanza que incorporan, desde la fase de diseño y por defecto, el respeto a diversos derechos e intereses jurídicos relevantes, como la protección de datos personales, propiedad intelectual y secreto comercial, destacado en el Reglamento de Gobernanza de los Datos. En segundo lugar, se amplía el alcance de las normas más allá del sector público, abarcando obligaciones dirigidas a entidades privadas, evidenciado por la Ley de Datos aprobada en noviembre de 2023.
En este contexto, los espacios de datos adquieren protagonismo, no solo por la importancia de los sectores que abarcan (salud, movilidad, medio ambiente, energía), sino también por su papel clave en superar obstáculos técnicos y jurídicos para compartir datos. En España, ya se ha previsto legalmente mediante una sección específica en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La Estrategia contempla la creación de un “espacio común europeo de datos” para las administraciones públicas, buscando mejorar la transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y apoyo a la aplicación de la legislación de la UE. Sin embargo, se reconoce la dispersión y la necesidad de mejorar la calidad de los datos, especialmente en la contratación pública.
¿Por qué un espacio de datos en contratación pública? Dada la relevancia de la contratación pública, representando cerca del 14% del PIB de la UE, se busca dinamizar una economía más innovadora. Aunque existe abundante información sobre contratación pública, su utilidad actual para contribuyentes, autoridades y compradores es limitada, según la Comisión.
La regulación de 2014 favoreció el uso de medios electrónicos en la divulgación de información, pero presentó limitaciones. Se aplica solo a contratos que superan umbrales fijados a nivel europeo (limitando al 20% de la contratación pública), excluye la fase de ejecución contractual y no establece la necesidad de formatos abiertos para la reutilización automatizada de información.
A pesar de avances en la normalización de la recopilación de datos, se propone un enfoque más ambicioso para aprovechar plenamente el potencial de los datos sobre contratación pública. Se proyecta la creación de una plataforma de la UE que combine herramientas basadas en tecnologías avanzadas, especialmente la inteligencia artificial.
Las ventajas incluyen una toma de decisiones más precisa para entidades públicas, mejor control por parte de autoridades y sociedad, y un acceso más efectivo de empresas y pymes a información sobre procedimientos de contratación.
¿Cuáles son los desafíos jurídicos? Se destaca la limitación actual de la obligación de publicación a contratos por encima de umbrales europeos, dejando fuera la mayoría de las licitaciones y dependiendo de los Estados miembros para establecer obligaciones adicionales. La Comisión busca crear un conjunto armonizado de datos y hacer obligatoria la publicación de anuncios de finalización de contratos para obtener una visión completa del ciclo de contratación.
La fiabilidad de los datos publicados es otro desafío, y se aboga por modelos de tramitación automatizados basados en datos para superar problemas de digitalización y garantizar interoperabilidad. La iniciativa requiere una base normativa sólida, estableciendo obligaciones jurídicas claras para los Estados miembros y entidades públicas.
En resumen, la propuesta de un Espacio Europeo de Datos en Contratación Pública promete impactar positivamente en la actividad contractual, empresas y sociedad, pero enfrenta desafíos jurídicos que requieren una regulación robusta y actualizada.
